En los últimos días hemos vuelto a escuchar una pregunta que parecía reservada a las películas de ciencia ficción: ¿puede la inteligencia artificial llegar a poner en peligro a la humanidad?

El debate ha cobrado fuerza esta semana después de que distintos líderes y expertos del sector tecnológico hayan advertido sobre los riesgos asociados al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial cada vez más avanzados. Al mismo tiempo, otros especialistas consideran que hablar de un futuro apocalíptico provocado por la IA es exagerado y que ese discurso puede desviar la atención de problemas mucho más concretos que ya estamos sufriendo.

Probablemente la respuesta no sea tan sencilla como elegir entre “vamos a morir todos” o “no hay nada de qué preocuparse”.

Desde el punto de vista jurídico, hay una cuestión mucho más importante: la inteligencia artificial ya está cambiando nuestra sociedad y ya está generando conflictos que necesitan una respuesta legal.

Y aquí el papel del sector jurídico resulta fundamental.

La inteligencia artificial ya no es una cuestión de futuro

Durante años se ha hablado de la inteligencia artificial como una tecnología que algún día transformaría nuestras vidas.

Ese día ya ha llegado.

La IA se utiliza para redactar documentos, seleccionar candidatos para un puesto de trabajo, analizar fotografías, detectar fraudes, recomendar productos, elaborar diagnósticos, traducir textos, generar imágenes, atender consultas de clientes y tomar decisiones que pueden afectar directamente a las personas.

Incluso ciudadanos que nunca han utilizado conscientemente una herramienta de inteligencia artificial pueden estar interactuando con sistemas que la utilizan.

Esto cambia por completo el debate.

No necesitamos esperar a que una máquina alcance una supuesta conciencia, se rebele contra sus creadores o protagonice un escenario de ciencia ficción para que aparezcan problemas jurídicos.

Los problemas ya están aquí.

El verdadero debate no es solo qué puede hacer la IA

La pregunta jurídica relevante no es únicamente qué puede hacer una inteligencia artificial.

Hay que preguntarse también:

¿Quién responde cuando se equivoca?

¿Quién responde si una herramienta de IA rechaza injustamente a una persona para un puesto de trabajo? ¿Qué ocurre si un sistema utiliza datos personales sin una base jurídica adecuada? ¿Quién responde por una decisión automatizada que provoca un perjuicio económico? ¿Qué sucede si una inteligencia artificial genera un contenido que vulnera derechos de autor? ¿Y si difunde información falsa sobre una persona?

Estas preguntas no pertenecen al futuro.

Pertenecen al presente.

¿Quién es responsable de una decisión tomada por una inteligencia artificial?

Una de las cuestiones que más preocupan desde el punto de vista jurídico es la responsabilidad.

Una inteligencia artificial no es, por sí misma, una persona física ni una empresa. No puede ser demandada como demandaríamos a un individuo o a una sociedad.

Por tanto, cuando una IA causa un perjuicio, la responsabilidad debe buscarse en las personas y organizaciones que diseñan, comercializan, utilizan o controlan el sistema, dependiendo de las circunstancias del caso y de la normativa aplicable.

Aquí aparece uno de los grandes retos jurídicos de nuestra época: determinar quién tiene la responsabilidad cuando intervienen múltiples actores tecnológicos.

El ciudadano no debería quedar indefenso frente a una decisión automatizada

Imaginemos una situación sencilla.

Una persona solicita un préstamo y la entidad utiliza un sistema automatizado para evaluar su perfil. El sistema rechaza la operación.

El ciudadano quiere saber por qué.

¿Tiene derecho a conocer cómo se ha tomado esa decisión? ¿Se han utilizado correctamente sus datos? ¿Existe algún sesgo en el sistema? ¿Puede recurrir la decisión? ¿Hay una persona responsable que pueda revisar el resultado?

No estamos hablando de ciencia ficción.

Estamos hablando de derechos.

Y precisamente por eso la regulación europea de la inteligencia artificial parte de un enfoque basado en los riesgos y en la protección de los derechos fundamentales. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, conocido como AI Act, establece un marco jurídico específico para los sistemas de inteligencia artificial y pretende garantizar, entre otras cuestiones, seguridad, transparencia y respeto de los derechos fundamentales.

El AI Act europeo: la inteligencia artificial también tiene reglas

Europa ha optado por regular la inteligencia artificial en lugar de dejar que su desarrollo dependa exclusivamente de la autorregulación de las empresas tecnológicas.

El Reglamento (UE) 2024/1689 establece un marco común para la inteligencia artificial y clasifica determinados sistemas atendiendo al nivel de riesgo que pueden generar.

No toda inteligencia artificial presenta el mismo peligro.

No es lo mismo utilizar una aplicación para generar una imagen que emplear un sistema de IA en ámbitos que pueden afectar de manera significativa a derechos fundamentales, al acceso al empleo, a determinados servicios o a otras decisiones relevantes.

Una regulación que ya está entrando en aplicación

El debate sobre la inteligencia artificial no es, por tanto, una discusión puramente académica.

El calendario del AI Act ya ha activado diferentes obligaciones y fases de aplicación. En agosto de 2026 ha comenzado una nueva etapa relevante en la aplicación del Reglamento, incluidas obligaciones relacionadas con determinados sistemas y modelos de inteligencia artificial.

Esto significa que las empresas no pueden limitarse a preguntarse si quieren utilizar inteligencia artificial.

Deben empezar a preguntarse cómo la utilizan, con qué finalidad, qué datos emplean, qué riesgos genera y qué obligaciones legales tienen.

Y aquí el asesoramiento jurídico deja de ser una cuestión secundaria.

Se convierte en una necesidad.

Inteligencia artificial, protección de datos y privacidad

Probablemente uno de los ámbitos en los que más directamente puede verse afectado el ciudadano sea el de la privacidad.

La inteligencia artificial necesita datos.

Y cuantos más datos tiene un sistema, mayores pueden ser sus capacidades.

Pero los datos personales no son de libre utilización.

¿Qué ocurre con los datos que introducimos en una IA?

Esta es una pregunta que todos deberíamos hacernos.

Cuando una persona introduce en una herramienta de inteligencia artificial un contrato, una fotografía, un informe médico, información sobre un cliente o cualquier otro documento que contenga datos personales, debe saber qué ocurre con esa información.

¿Dónde se almacena?

¿Quién puede acceder a ella?

¿Se utiliza para entrenar modelos?

¿Durante cuánto tiempo se conserva?

¿Se envía a terceros?

¿Existe una base jurídica para ese tratamiento?

La comodidad de pulsar un botón no elimina las obligaciones legales.

Y tampoco convierte los reciente debate sobre el supuesto “apocalipsis de la IA” demuestra hasta qué punto existe preocupación sobre el desarrollo futuro de esta tecnología. Pero también existen voces cualificadas que consideran que algunos escenarios de tendrá que estar presente en la creación de políticas internas de uso de IA, en la revisión de contratos tecnológicos, en cuestiones de protección de datos, propiedad intelectual, relaciones laborales, responsabilidad civil inteligencia artificial avanza a una velocidad extraordinaria. La legislación intenta acompañar ese avance, pero para un ciudadano o una pequeña empresa puede resultar complicado saber datos personales en información de libre disposición.

La privacidad no puede quedar subordinada a la tecnología

La innovación tecnológica es positiva cuando mejora nuestra vida.

Pero una herramienta técnicamente avanzada no puede convertirse en una vía para reducir derechos.

El Reglamento General de Protección de Datos, junto con el resto de la normativa aplicable, continúa siendo una pieza esencial en este escenario.

La inteligencia artificial añade nuevas preguntas, pero no elimina las obligaciones que ya existían.

IA en el trabajo: una de las grandes cuestiones jurídicas

Otro de los terrenos en los que la inteligencia artificial está provocando cambios profundos es el laboral.

Las empresas utilizan cada vez más herramientas tecnológicas para seleccionar candidatos, analizar currículos, organizar turnos, medir productividad o detectar determinados patrones de comportamiento.

Esto puede aportar eficiencia.

Pero también puede generar problemas.

¿Puede una empresa decidir quién es contratado utilizando una IA?

La respuesta no puede reducirse a un simple sí o no.

Depende de cómo se utilice el sistema, qué función desempeñe, qué datos procese y qué consecuencias tenga para el trabajador.

Si un algoritmo discrimina indirectamente a determinados candidatos, el problema no desaparece porque la decisión final se haya presentado como “decisión de la máquina”.

La tecnología no puede utilizarse para ocultar una discriminación.

Tampoco debería convertirse en una excusa para eliminar la responsabilidad de quien toma la decisión.

Inteligencia artificial y propiedad intelectual

Hay otra cuestión que está generando una enorme cantidad de preguntas: ¿quién es el autor de una obra creada con inteligencia artificial?

La respuesta no siempre es sencilla.

La utilización de sistemas generativos para crear textos, fotografías, ilustraciones, música o vídeos está obligando a revisar conceptos jurídicos que durante décadas parecían relativamente claros.

Y aparece además otra pregunta todavía más delicada:

¿con qué materiales se entrenan los sistemas de inteligencia artificial?

Si una herramienta ha sido entrenada utilizando enormes cantidades de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual, aparecen conflictos relacionados con autores, editoriales, medios de comunicación, fotógrafos, artistas y empresas.

Es probable que este ámbito genere durante los próximos años una parte importante de los litigios relacionados con la IA.

¿Puede una IA cometer un delito?

Esta pregunta aparece con frecuencia.

Pero jurídicamente conviene formularla de otra manera.

Una inteligencia artificial no tiene responsabilidad penal en el mismo sentido que una persona física.

Lo relevante será determinar quién ha utilizado el sistema, con qué finalidad, qué sabía, qué control ejercía y qué consecuencias produjo su actuación.

La IA puede convertirse en una herramienta para cometer delitos

Un sistema de inteligencia artificial puede utilizarse para generar contenidos fraudulentos, suplantar identidades, manipular imágenes o voces, elaborar mensajes engañosos o facilitar determinados tipos de ataques informáticos.

La tecnología no crea necesariamente nuevos problemas jurídicos desde cero.

En muchos casos, proporciona nuevas herramientas para conductas que ya eran ilícitas.

Por eso también resulta importante que el ciudadano conozca sus derechos y sepa cuándo una situación puede requerir asesoramiento jurídico.

Deepfakes, suplantación y reputación: un problema cada vez más cercano

Hace unos años, modificar una fotografía o fabricar un vídeo convincente requería conocimientos técnicos.

Hoy, determinadas herramientas permiten generar contenidos falsos con una facilidad desconocida hasta ahora.

Una fotografía aparentemente real puede no ser real.

Una voz puede no pertenecer a la persona que creemos estar escuchando.

Un vídeo puede haber sido generado o manipulado.

Esto tiene consecuencias jurídicas importantes.

Puede afectar al honor, a la intimidad, a la propia imagen, a la protección de datos, a la reputación profesional e incluso a relaciones comerciales.

¿Qué puede hacer una persona si se utiliza su imagen sin permiso?

La respuesta dependerá de las circunstancias concretas.

Puede haber diferentes vías jurídicas en función de la conducta, del contenido difundido, de quién lo haya creado y de quién lo haya publicado.

Lo importante es no asumir que, porque el contenido haya sido creado mediante inteligencia artificial, queda fuera de la protección jurídica.

La IA no crea un territorio sin ley.

¿Quién protege al ciudadano frente a la inteligencia artificial?

Aquí es donde el sector legal tiene una función que va mucho más allá de redactar contratos o acudir a los tribunales.

Los abogados deben ayudar a traducir una tecnología extraordinariamente compleja a un lenguaje que el ciudadano pueda comprender.

Porque una persona no debería necesitar conocimientos informáticos para saber si sus derechos están siendo vulnerados.

El abogado como puente entre tecnología y derechos

La inteligencia artificial obliga al mundo jurídico a aprender.

Los abogados tendrán que comprender cómo funcionan estas herramientas, cuáles son sus riesgos y qué normativa resulta aplicable.

Pero también tendrán que hacer algo que la tecnología no puede hacer por sí sola: interpretar las circunstancias concretas de una persona y defender sus intereses.

Un sistema automático puede analizar miles de documentos.

Un abogado puede preguntarse si, en ese caso concreto, el resultado es justo, legal y defendible.

Esa diferencia seguirá siendo fundamental.

La IA también afecta a las empresas

No solo los particulares necesitan asesoramiento.

Para una empresa, implantar inteligencia artificial sin estudiar previamente las implicaciones legales puede generar riesgos importantes.

Antes de incorporar IA conviene hacerse algunas preguntas

¿Qué herramienta vamos a utilizar?

¿Qué información vamos a introducir?

¿Contiene datos personales?

¿Quién será responsable de supervisar el sistema?

¿Se utilizará IA para tomar decisiones sobre trabajadores o clientes?

¿Tenemos que informar a determinadas personas de que estamos utilizando inteligencia artificial?

¿Existen riesgos de propiedad intelectual?

¿El proveedor garantiza determinadas condiciones de seguridad y confidencialidad?

Estas preguntas deberían formar parte de cualquier proyecto serio de transformación digital.

¿Debemos tener miedo de la inteligencia artificial?

Probablemente ni el optimismo absoluto ni el catastrofismo sean buenas respuestas.

El reciente debate sobre el supuesto “apocalipsis de la IA” demuestra hasta qué punto existe preocupación sobre el desarrollo futuro de esta tecnología. Pero también existen voces cualificadas que consideran que algunos escenarios de extinción humana se presentan sin una base científica suficientemente sólida.

Desde el punto de vista jurídico, además, centrarse exclusivamente en si algún día la IA podría acabar con la humanidad puede hacernos olvidar cuestiones mucho más inmediatas.

Hoy una persona puede perder una oportunidad laboral por una decisión automatizada.

Hoy pueden utilizarse sus datos personales de manera incorrecta.

Hoy pueden difundir una imagen falsa de ella.

Hoy una empresa puede utilizar una herramienta de IA sin comprender completamente sus obligaciones legales.

Y hoy ya existen normas que deben cumplirse.

El verdadero reto: que la tecnología esté al servicio de las personas

La cuestión fundamental no debería ser si la inteligencia artificial va a sustituir al ser humano.

Deberíamos preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir utilizando inteligencia artificial.

Una sociedad en la que la tecnología permita trabajar mejor, detectar enfermedades, mejorar servicios públicos y facilitar tareas puede ser una sociedad mejor.

Pero una sociedad en la que nadie sepa quién toma las decisiones, qué datos se utilizan o quién responde cuando algo sale mal sería mucho más preocupante.

Por eso necesitamos tecnología.

Pero también necesitamos Derecho.

Y necesitamos instituciones, empresas y profesionales capaces de hacer que las reglas se cumplan.

La inteligencia artificial necesita abogados

La revolución de la inteligencia artificial no va a reducir la importancia del Derecho.

Probablemente ocurra lo contrario.

Cuanto mayor sea la capacidad de una tecnología para influir en nuestras vidas, mayor será la necesidad de establecer límites, responsabilidades y garantías.

El abogado tendrá que estar presente en la creación de políticas internas de uso de IA, en la revisión de contratos tecnológicos, en cuestiones de protección de datos, propiedad intelectual, relaciones laborales, responsabilidad civil y defensa de los derechos de los ciudadanos.

Y también tendrá que estar presente cuando una persona considere que la inteligencia artificial ha causado un perjuicio.

Porque detrás de cada dato hay una persona.

Detrás de cada decisión automatizada puede haber un derecho.

Y detrás de cada tecnología debe existir una responsabilidad.

¿Tienes dudas sobre cómo afecta la IA a tus derechos?

La inteligencia artificial avanza a una velocidad extraordinaria. La legislación intenta acompañar ese avance, pero para un ciudadano o una pequeña empresa puede resultar complicado saber qué normas son aplicables en cada situación.

Si has tenido un problema relacionado con una decisión automatizada, el uso de tus datos, una imagen o contenido generado mediante IA, un conflicto laboral, propiedad intelectual, una cuestión contractual o cualquier otro problema jurídico relacionado con la inteligencia artificial, conviene analizar el caso antes de tomar decisiones.

En Montero de Cisneros Abogados podemos estudiar tu situación y explicarte qué derechos tienes y qué vías jurídicas pueden existir en tu caso.

Nuestro despacho está en:

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La inteligencia artificial puede cambiar muchas cosas.

Pero hay algo que no debería cambiar: el derecho de las personas a estar protegidas por la ley.

Y precisamente ahora, cuando la tecnología avanza más rápido que nunca, contar con un buen asesoramiento jurídico puede ser más importante que nunca.