José Montero, junto al Juez Decano de Bilbao y la Ministra de Economía, reacciona a las conclusiones del Abogado General del TJUE sobre el IRPH

José Montero en Deia – 11/09/2019

“La sentencia europea saldrá en dos meses y creemos que será favorable a los consumidores”

Nuestro Socio-Director; José Montero, afirma que no le ha sorprendido la postura del Abogado General europeo. “Está todo decidido. La sentencia saldrá en dos meses y creemos que será favorable a los afectados por el índice IRPH”. Por ello, cómo especialista en reclamaciones bancarias aconseja a los consumidores que “no esperan más y reclamen ya contando con el asesoramiento de un especialista jurídico para evitar los retrasos que se van a producir por los colapsos en los juzgados y por las tácticas dilatorias de la banca. En nuestro caso, hemos conseguido la primera sentencia favorable en España y el cliente ya ha cobrado”.

El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, afirma que si bien la opinión del aboga-do general de la Unión Europea “no es vinculante, suele tener mucho peso” en la decisión del Tribunal de Justicia de la UE. Uriarte valora así la posibilidad de que el tribunal europeo en su sentencia haga suyas las consideraciones del referido abogado general europeo, Maciej Szpunar, quien estima que los jueces españoles puedan decidir sobre si el índice de referencia IRPH se aplicó de forma abusiva en cada caso. En cualquier caso, el juez vasco avisó de que las posibles reclamaciones por el IRPH “desbordarían seguro” los tribunales de Euskadi ya “saturados” por “la avalancha” de procesos de hipotecas.

La opinión del Gobierno español por boca de la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha sido un llamamiento a la prudencia y a no prejuzgar la sentencia definitiva que se pueda dar. “Creo que no cabe prejuzgar cuál puede ser el impacto final puesto que se trata de la opinión del abogado general, tenemos que esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia europeo”, afirma Calviño, recordando que el dictamen del abogado no tiene carácter vinculante. “Se trata de una cuestión prejudicial”, que, según Calviño, “no entra en el fondo del asunto y no determina la sentencia que finalmente dicten los tribunales españoles en cada uno de los casos correspondientes”.